- Benjamín Escriche, Alcalde de Soneja representará al Alto Palancia.
- El peso del PSPV-PSOE provincial se hace patente, con Amparo Marco capitaneando la mesa presidencial, en una asamblea que ha elegido como presidente a Rubén Alfaro.
El peso de los socialistas de Castelló en la nueva
dirección de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde
están representados todos los ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades, ha quedado patente esta
mañana en la asamblea celebrada en el Oceanogàfic de Valencia. Todas las
comarcas de la provincia están representadas en los órganos de gobierno de una
institución cuya presidencia ocupará por unanimidad el alcalde de Elda, el
socialista Rubén Alfaro.
De este modo, ocupan cargos de responsabilidad
Ernestina Borrás, alcaldesa de Cálig (Els Ports-Maestrat); Benjamín Escriche,
alcalde de Soneja (Alto Palancia); José P. Martí, alcalde de Sueras
(Alcalatén-Millars); María Josefa Tena, alcaldesa de Torreblanca (Plana Alta);
y Vicent Gil, exalcalde de Almenara (Plana Baixa), que ha sido designado nuevo
secretario general de la entidad federal.
La fuerza de los socialistas castellonense también
se ha visto reflejada sobre el escenario. La mesa presidencial ha estado
capitaneada por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, cabeza visible de de
los 51 responsables municipales que han asistido a la asamblea para defender
los intereses de Castelló, en nombre de todos los ayuntamientos socialistas de
la provincia.
El consenso ha sido la tónica dominante. Pese a que
el PSPV-PSOE tenía la mayoría absoluta, el partido ha preferido alcanzar un
gran acuerdo autonómico para incorporar todas las sensibilidades del
municipalismo valenciano, de modo que si la presidencia ha sido para los
socialistas con Rubén Alfaro, la vicepresidencia ha recaído en el alcalde de
Sagunt por Compromís, Francesc Fernández.
Tras ser elegido presidente, Alfaro ha reivindicado
al Gobierno central más financiación y competencias para los municipios.
También ha expresado su rechazo a la reforma de la ley de bases de régimen
local, aprobada por el PP, que prevé un recorte competencial a los
ayuntamientos, entre otras áreas en servicios sociales.