- La portavoz de la orden asegura que lo que hubo entre el educador despedido y una menor fue un "tonteo".
La coordinadora de los centros de acogida de menores
de la Orden Terciarias Capuchinas, Regina del Peral, intuye que el cierre de
las instalaciones de Segorbe responde a una "venganza" de un
trabajador despedido días antes de que la Generalitat tomara la decisión.
Así lo ha asegurado a EFE Del Peral, quien ha
indicado que han pedido "por escrito" a la Administración el informe
que llevó al cierre del centro, por una decisión que considera
"unilateral", y las denuncias presentadas por menores y sus padres,
aún sin respuesta.
"Me huele a venganza, a una patraña",
señala la coordinadora, que explica que un trabajador del centro despedido
amenazó a la directora "con cerrar el centro" y cinco días después
"fueron a por los niños y empezaron a aparecer denuncias".
Según relata, este trabajador pidió "de un día
para otro" una excedencia para ir a trabajar a la Mancomunidad, donde le
había salido una plaza, pero la directora le dijo que necesitaba un plazo de al
menos quince días para buscar un sustituto.
"El trabajador amenazó a la directora
diciéndole: 'te vas a acordar porque te voy a cerrar el centro'", señala
para añadir que "todo coincide en el tiempo. Su amenaza se ha
cumplido".
En las instalaciones de Segorbe han sufrido "un
palo muy fuerte no justificado", según Del Peral, quien considera que se
han dicho "verdades a medias, que son peores que las mentiras".
"Se ha descontextualizado, magnificado y basado
en denuncias de niños y padres, padres a los que la Administración ha quitado
la custodia de esos menores", afirma Del Peral, que afirma que la
Generalitat "da credibilidad a denuncias que no conocen el contexto donde
se producen".
El abogado de la orden sigue estudiando las acciones
legales que emprenderán contra las declaraciones en Les Corts de la
vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra,
al considerar que son "constitutivas de delito".
"No se ha respetado ni a menores, ni a
trabajadores ni a nadie. Una información hay que contrastarla para darla por
cierta", señala Del Peral, quien denuncia que están pidiendo, sin éxito,
los informes y denuncias: "No nos las dan".
Del Peral también considera que con el cierre de
Segorbe, cuyos dieciocho menores han sido trasladados a otros centros, la
vicepresidenta ha querido "desviar la atención" del centro de acogida
de menores de Monteolivete (València), donde a su juicio "es donde tienen
el problema".
"No tenemos nada que ocultar. El centro de
Segorbe ha estado abierto para que se accediera a todas sus dependencias",
afirma Del Peral, quien señala que aunque ha invitado a Oltra y al president de
la Generalitat, Ximo Puig, "ninguno de ellos" les ha contestado.
También señala a EFE que el educador al que se acusa
de supuestos abusos sexuales fue despedido del centro "no por ese motivo
sino por incumplir las cláusulas de su contrato, que establecían que no podía
relacionarse fuera del centro con menores ingresados salvo que la dirección del
mismo lo autorizara".
"En cuanto supimos esto del educador y para
salvaguardar la integridad del menor, facilitamos la información a la dirección
territorial y a fiscalía, que pidieron el móvil de la menor para sus wasap, y
en el expediente abierto, que posteriormente fue sobreseído, lo calificaron
como 'conductas inadecuadas'".
Regina del Peral ha señalado que ahora esperarán a
lo que diga el juzgado, "pero si archiva el caso ¿quién le va a devolver a
este señor la dignidad y todo lo que se ha dicho?", se ha preguntado tras
considerar que lo que hubo fue "un tonteo" entre ellos.
Según explica, el centro fue objeto de una
inspección el 30 de enero y el 2 de febrero y les remitieron un acta con todo
lo que tenían que mejorar. "Y así lo hicimos", señala, pero el 8 de
mayo les comunicaron el cierre del centro de Segorbe, que lleva abierto 120
años.
A la directora, señala, "le dijeron que tenía
que asumir la decisión del informe de los inspectores y no tenía más remedio
que cerrar el centro, no nos dieron la oportunidad de que nos
defendiéramos".
"Fiscalía nos supervisa dos veces al año,
sanidad nos visita cada dos meses y hacemos auditorías externas. ¿De verdad que
nadie había detectado estas cosas hasta ahora?", se pregunta tras negar
que los menores del centro hayan sufrido malo tratos o hayan consumido comida
caducada.
También asegura que de los 2.265 euros que
mensualmente le da la Administración por niño, 1.926 están destinados a
personal y solo 339 al menor para sufragar todos sus gastos, desde alimentación
a ropa pasando por material escolar, higiene, medicamentos o desplazamientos en
transporte público, entre otros.
Fuente: Agencia EFE